sábado, 15 de junio de 2013

El Derecho a Leer. Mempo Giardinelli, Junio de 2013


La semana pasada fui invitado a disertar en el 10º Congreso de Profesores de Derecho Procesal Penal de la República Argentina. Se realizó en la Universidad Católica de Cuyo, en la ciudad de San Luis, y allí leí un texto del que aquí reproduzco una breve síntesis:

El Derecho a Leer

(...) Aprovecho esta oportunidad para exponer ante ustedes, que son abogados y docentes de Derecho Procesal Penal, algo de lo que casi no se habla, y de lo que hay poca o nula conciencia de su importancia: me refiero al Derecho a Leer, que desde hace años vengo proponiendo que algún día, en alguna reforma, sea incorporado a nuestra Carta Magna (...)
            El derecho constitucional a leer —si alguna vez se consagra en la Argentina— se justifica en el hecho de que la lectura es condición básica para que una persona se eduque y pueda continuar, toda su vida si es su deseo, su propio proceso de aprendizaje. Leer es un acto inherente a los ciudadanos de una democracia (...) Y es la mejor garantía de la libre circulación de las ideas, del conocimiento y el saber, que a su vez son indispensables para la construcción de una ciudadanía responsable, participativa, reflexiva y con pensamiento propio. Todo esto fortalece la propia identidad del individuo y la de la nación entera.
            Cabe subrayar, además, que todos los derechos garantizados por la Constitución se relacionan estrechamente con la lectura: el derecho al trabajo, la salud y la previsión social; así como los derechos de los niños y los ancianos, de todas las profesiones y empleos. De hecho la inclusión social en todas sus formas (...) y las diferentes posibilidades y alternativas de desarrollo económico, social y cultural de la población, todo está, siempre, vinculado a la lectura de manera basal e irrenunciable. Así, la lectura deviene derecho político fundamental. Y es hora de reconocerlo taxativamente, sobre todo porque en diversos sentidos la democracia misma depende de la lectura.
            Trabajar para que se sancione el Derecho Constitucional a Leer es parte principal de la propuesta de Política de Estado de Lectura por la que algunos venimos bregando desde hace muchos años. Se trata de dar de leer como decimos nosotros desde el Chaco y desde hace 18 años, para que la Argentina se recupere como país de lectores, como alguna vez fuimos.
            (...) Trabajar por el fomento del Libro y la Lectura es trabajar por la Educación como razón de Estado. No es concebible la educación de un pueblo sin un Estado responsable que la organice, oriente y dirija de acuerdo a los intereses nacionales. Lo sabemos desde Sarmiento, quien además de todos los defectos que tuvo y de ciertas barbaridades que dijo en su vida política, fue el padre de nuestro sistema educativo y de la Ley 1420 que garantizaba la educación pública obligatoria, gratuita, solidaria, igualadora y que además enseñaba a pensar, a cuestionar y a tener criterio propio. Muchos de los que hoy estamos aquí, y desde luego ustedes como abogados, jueces, fiscales y profesores que son, venimos de ese modelo de educación popular e integradora que todavía hoy, aun zarandeada y emparchada, atiende a bastante más de 40.000 escuelas a las que concurren diariamente millones de niños, jóvenes y adultos.
            Sabemos que la Educación, con la Salud, son las dos misiones básicas de todo Estado. Y decir esto no es una antigüedad, como deslizan algunos supuestos "modernizadores". La función del Estado no puede ser reemplazada ni es subsidiaria. En todo el llamado Primer Mundo no sólo no se reemplazó al Estado sino que siempre se lo fortaleció. Y ahora que algunos países empezaron a cambiar ese paradigma, ahí vemos cómo les va...
            La evidente naturaleza política de la educación impone que la lectura no sea solamente algo que los educadores, los padres o los bibliotecarios vayan a resolver de modo individual o voluntarista. Hacen falta también un Estado y una docencia orientadores y formadores. Como dice Michelle Petit, que es considerada una de las máximas autoridades en esta materia: “El lenguaje nos construye. Tener acceso a obras cuyos autores han intentado transcribir lo más profundo de la experiencia humana, desempolvando la lengua, no es un lujo: es un derecho, un derecho cultural, como lo es el acceso al saber. Porque quizás no hay mayor sufrimiento que estar privado de palabras para darle sentido a lo que vivimos”.
            La lectura, entonces, debe ser considerada también una razón de estado porque es el camino hacia el fortalecimiento de la lengua que habla el pueblo. Y ya sabemos que la lengua es la primera y acaso más importante señal identitaria que tiene una sociedad.
            Como ya señalé en mi libro "Volver a leer. Propuestas para ser una nación de lectores" (Edhasa, 2006) de hecho uno de los grandes engaños de los últimos 20 años fue que el fundamentalismo globalizador nos dio vuelta el significado de muchas palabras. La “moderación salarial”, por ejemplo, fue un modo de castigar a los trabajadores, como sabe cualquier docente argentino. Se llamó “reordenamiento” a los despidos de personal. Para crear empleos primero había que “racionalizar” y “ser competitivos”, y entonces para racionalizar y competir se cerraban las fábricas y resultaba que para generar empleos primero había que provocar desempleos masivos... Y así fue que del “excesivo gasto público” terminaron siendo responsables los trabajadores, los maestros, los investigadores y todos los que cobraban sueldos menores. Y eso mientras en el mundo a los bombardeos se los llamaba “guerra humanitaria” y a la pobre gente que moría bajo los bombazos se los llamaba “blancos involuntarios” o "daños colaterales". Y hoy mismo vemos cómo al control de cambios se lo llama "cepo" (con todo lo que ese vocablo implica, como evocación de los horrores de la dictadura) mientras al dólar ilegal se lo llama, románticamente, "blue".
            La nueva pedagogía de la lectura se ocupa de todo esto, de hecho, porque el corpus textual universal, y sobre todo el de la gran Literatura, no es un juego de palabras. Ni es un carnaval de ideas. Y por lo tanto el Derecho Constitucional a Leer tampoco. El desarrollo de las políticas de lectura, en la que concurren la acción estatal y la de muchas entidades privadas, nos permite hoy recuperar terrenos perdidos, estimular la reinstalación de la lectura como alimento espiritual básico y, particularmente, se dirige a garantizar que seamos una nación de lectores y no una nación de ignorantes.
            (...) Vista de esta manera, ya ven ustedes cómo la lectura como derecho trasciende la clásica consideración de la lectura como un acotado “problema pedagógico”. Es mucho más que eso.
            La lectura exige el desarrollo de políticas públicas integrales (...) y eso le impone al Estado la obligación de crear y garantizar los mecanismos legales necesarios para que toda la población —en todos los niveles socioeconómicos, etarios, étnicos y lingüísticos sin excepción— acceda libre y gratuitamente a la lectura (...) Es lo que viene procurando el Plan Nacional de Lectura y lo que hacemos en la Fundación que presido en el Chaco y lo que hacen muchas otras ONGs en todo el país. •



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